Al presidente de la Generalitat y candidato de ERC a las elecciones del 12-M, Pere Aragonès, le ha estallado el proyecto del Hard Rock en la cara y la izquierda catalana ya habla de «escándalo». El megacasino que ha sido la piedra en el zapato del Ejecutivo catalán y por el cual cayeron las cuentas públicas pactadas con el PSC por el voto en contra de los comunes fue un proyecto que se renovó de forma encubierta. Tal y como ha avanzado La Directa, mientras en las sesiones plenarias Aragonés defendía, para conseguir el apoyo a los presupuestos catalanes, que el Hard Rock seguía su curso paralelo, negociaba, a la vez, la renovación de compromiso para la compraventa de los terrenos donde se iba a ubicar el complejo heredero de BCN World en el Camp de Tarragona.
El Govern acordó el 27 de febrero, media hora antes de presentar el pacto por las cuentas públicas con el PSC de Salvador Illa, que se mantuviera el encargo al Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) para que se formalizara con las partes los acuerdos privados y públicos que correspondieran para adquirir por adjudicación directa los terrenos.
Ese día el ejecutivo hizo un Acuerdo de Gobierno por el que se anula el Acuerdo de Gobierno de 15 de diciembre de 2020 por el que se ordenaba al Incasòl la adquisición de los terrenos donde debe ubicarse el complejo por 120 millones de euros en Criteria Caixa para, después, venderlos por el mismo precio a BCN IR 3 SAU, la empresa promotora de Hard Rock. En el segundo, que fue posible por tumbar el primer punto, mantenía el encargo en el Incasòl para que formalizara con las partes los acuerdos privados y públicos para adquirir los terrenos. Como ha denunciado la plataforma Aturem el Hard Rock, el Govern apuntaló así días antes de convocar las elecciones el proyecto del Hard Rock y apuntan a que los contratos estaban caducados. La renovación blindaría así la operación.
Según el documento del acuerdo, cuya firmante es la consellera de Territori Ester Capella, se tumba el compromiso que hizo en su momento el conseller Damià Calvet aunque no concreta fechas ni gasto de compraventa, actualizando todo de nuevo, poniendo las bases para iniciar los trámites y que el proyecto tenga luz verde. Este acuerdo no se hizo público en ningún momento durante las negociaciones con los socialistas para los Presupuestos ni en los debates sobre el proyecto en la cámara catalana.
Como ha denunciado Aturem el Hard Rock, el Govern expresaba que no se podrían modificar los contratos establecidos, por lo que los ha rehecho sin hacerlo público. «El Govern admite que no resulta factible la adquisición de los terrenos» porque los contratos están «caducados» desde el 6 de marzo de 2020 y por eso los deja sin efecto en este acuerdo. Ordena la formalización de un nuevo acuerdo, y ERC «pone por escrito» su voluntad de tirar adelante el complejo. Denuncian también que la licencia adjudicada del casino a la empresa norteamericana Hard Rock «se otorgó de forma fraudulenta porque las bases del concurso público pedían acreditar la disponibilidad de los terrenos y el único compromiso público de la propiedad de los terrenos ha quedado sin efecto».
Ante esta información, la líder de los comunes, Jessica Albiach, ha pedido la comparecencia de Aragonès y de la consellera de Territori en la Diputación Permanente del Parlament para que de todas las explicaciones sobre este acuerdo y los presupuestos. «Solo 30 minutos antes de presentar el acuerdo con el PSC, el Govern impulsó un acuerdo por la puerta de atrás para dar más garantías que el casino más grande de Europa tiraría adelante en el Camp de Tarragona, un acuerdo con el que La Caixa ganaría aún más dinero», ha expresado la dirigente de los comunes. vozpopuli